La evaluación de la Comisión concluye que el plan español dedica el 40 % de su asignación total a medidas que apoyan los objetivos climáticos. Entre ellas se cuentan medidas para fomentar la movilidad urbana y a larga distancia sostenibles, aumentar la eficiencia energética de los edificios, descarbonizar la industria y reducir la dependencia energética, así como para desplegar nuevas tecnologías para el hidrógeno verde y las energías renovables. El plan también comprende medidas para contribuir a paliar los efectos adversos del cambio climático mediante la conservación de los espacios costeros, los ecosistemas y la biodiversidad, y para promover la economía circular mediante la mejora de la gestión del agua y los residuos.

La Comisión constata que el plan español dedica el 28 % de su asignación total a medidas destinadas a la transición digital, tales como medidas sobre la digitalización de la Administración pública, la industria y las empresas, incluido un programa específico para la digitalización de las pymes. También habrá inversiones en equipos digitales para la educación y la mejora de las competencias digitales.

La evaluación de la Comisión considera que el plan español incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que contribuyen a abordar de manera eficaz la totalidad o un subconjunto importante de los retos económicos y sociales indicados en las recomendaciones específicas por país (REP) formuladas a España por el Consejo en el Semestre Europeo en 2019 y en 2020. Aborda medidas en los ámbitos del empleo para reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar las políticas activas del mercado de trabajo, así como medidas en el ámbito de la educación y las capacidades y las políticas sociales, incluido el apoyo a la resiliencia y la capacidad del sistema sanitario. El plan da respuesta en gran medida a las REP en los ámbitos de la inversión en la transición ecológica y digital, la investigación, el desarrollo y la innovación, la producción y el uso limpios y eficientes de la energía, las infraestructuras energéticas, la gestión hídrica y de los residuos y el transporte sostenible. El plan incluye medidas para mejorar el clima empresarial, con actuaciones importantes para mejorar la regulación, reducir la morosidad y reformar el marco de insolvencia y la contratación pública. El plan también aborda las REP en el ámbito de las finanzas públicas, incluidas las reformas del sistema de examen del gasto, el sistema fiscal y el sistema de pensiones.

El plan español de recuperación y resiliencia contribuye de manera global y adecuadamente equilibrada a los seis pilares del Reglamento.

España propone proyectos en los siete ámbitos emblemáticos europeos. Se trata de proyectos de inversión concretos que abordan cuestiones comunes a todos los Estados miembros en ámbitos que generan empleo y crecimiento y que son necesarios para la doble transición. Por ejemplo, el plan de España prevé 6 100 millones de euros para invertir en tecnologías limpias y acelerar el desarrollo y el uso de las energías renovables, así como 7 800 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y privados. Otras medidas sostienen la iniciativa emblemática europea «Recarga y repostaje» mediante inversiones en la recarga, el fomento de la infraestructura de vehículos eléctricos y la promoción de la movilidad sostenible.

La evaluación también constata que ninguna de las medidas incluidas en el plan entraña perjuicios graves contra el medio ambiente.

Los sistemas de control establecidos por España se consideran adecuados para proteger los intereses financieros de la Unión. El plan aporta datos suficientes sobre la forma en que las autoridades nacionales prevendrán, detectarán y corregirán los casos de conflictos de intereses, corrupción y fraude relacionados con el uso de los fondos.